La Corte Suprema de Justicia decidió sumar a dos conjueces para avanzar en el análisis de una nueva causa vinculada al artículo 154 del DNU 70/2023, la norma que derogó la ley que regulaba la propiedad extranjera de tierras rurales en el país. La convocatoria se produjo luego de que el tribunal no alcanzara una unanimidad de criterios entre sus integrantes para resolver el planteo.

El caso en cuestión fue impulsado por una organización ambiental identificada como Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona la legitimidad de la derogación de la denominada Ley de Tierras a través del mega decreto desregulador firmado al inicio de la gestión de Javier Milei. Según trascendió, los conjueces que se sumarán a la causa serán elegidos por sorteo.

El antecedente de la Ley de Tierras

La norma derogada establecía límites a la cantidad de hectáreas que podían estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, así como restricciones en zonas consideradas estratégicas, como áreas de frontera o cuencas hídricas. Con la sanción del DNU 70/2023, el artículo 154 eliminó esas restricciones, lo que generó distintos cuestionamientos judiciales desde organizaciones ambientales y sociales.

La decisión de convocar a conjueces no es un trámite menor: refleja que, al menos en este expediente, los jueces titulares del máximo tribunal no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo resolver la cuestión de fondo, lo que obliga a ampliar la integración del cuerpo para destrabar el debate.

La lectura política del caso

En paralelo, trascendió que desde el Gobierno nacional se sigue de cerca el desarrollo de esta causa. Fuentes del sector oficialista se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de que la intervención de la Corte en este expediente —centrada en definir la legitimación de la organización ambiental para litigar— ofrezca un argumento que permita descomprimir otro frente: el intento de distintos bloques legislativos de forzar un debate parlamentario sobre la validez del DNU 70/2023 en su conjunto.

Según esa versión, la Casa Rosada negocia adhesiones políticas para evitar que se concrete una sesión especial que podría poner en jaque la vigencia del megadecreto desregulador. No hay, de todos modos, confirmación oficial sobre el resultado de esas negociaciones ni sobre cómo podría incidir exactamente la resolución judicial en ese escenario parlamentario.

Qué sigue

Una vez sorteados, los conjueces deberán incorporarse al análisis del expediente iniciado por la organización ambiental. No trascendieron plazos concretos para que el tribunal, ya con su integración ampliada, emita una resolución sobre el planteo. El caso se suma a otros antecedentes judiciales que, desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, cuestionan distintos artículos de la norma por la vía de presentaciones ante la Justicia.