La Corte Suprema revocó una sentencia de la Justicia Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras. El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que la parte demandante —el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata— carecía de legitimación para iniciar el reclamo. El tribunal evitó pronunciarse sobre la validez de fondo del decreto.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establecía límites a la propiedad rural en manos de extranjeros. El DNU 70/2023, dictado al inicio de la gestión de Milei, había derogado esa norma a través de su artículo 154. Una cautelar posterior había frenado esa derogación, pero la decisión de la Corte repuso la vigencia del decreto y, según indican especialistas consultados, elimina los límites generales para la compra de tierras rurales por parte de personas extranjeras, salvo en zonas de frontera.

Reacciones políticas

La decisión provocó un rechazo amplio en la oposición. Legisladores de Unión por la Patria calificaron el fallo de "vergonzoso" y reclamaron que el Congreso trate la inconstitucionalidad del megadecreto. El gobernador bonaerense Axel Kicillof lo definió como una "decisión gravísima" y sostuvo que "lo que no pudieron conseguir con el Congreso, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial". También se refirió al tema en duros términos como "el fallo de la infamia".

Otras voces opositoras, como la diputada Mayra Mendoza, se sumaron a los cuestionamientos. Desde la Coalición Cívica, Elisa Carrió también criticó la resolución y pidió que Diputados rechace el capítulo del DNU referido a las tierras. El abogado que representó a los ex combatientes de Malvinas advirtió sobre consecuencias para la soberanía nacional a partir del fallo.

En el oficialismo, en cambio, trascendió que la decisión de la Corte tomó por sorpresa al Gobierno, que no esperaba una definición en ese momento. Se supo que desde el Ejecutivo se evalúa "dejar correr" la sentencia para no generar un frente de unidad opositora en el Congreso.

Qué puede pasar en el Congreso

Bloques opositores, entre ellos Unión por la Patria, el FIT, sectores de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, comenzaron a organizarse para convocar a una sesión especial en Diputados, prevista para el 7 o el 14 de octubre, con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en 2024, pero la Cámara baja nunca llegó a tratarlo formalmente.

Desde el oficialismo, en tanto, se evalúa una estrategia distinta: incorporar la normativa sobre tierras a un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que ya cuenta con media sanción del Senado, en un intento por blindar el decreto y abrir negociaciones con bloques aliados. La senadora Patricia Bullrich se desmarcó parcialmente de esa postura y calificó de "apresurada" la búsqueda de eliminar los límites a la venta de tierras, reconociendo además que la oposición podría lograr rechazar el decreto.

Operadores del sector inmobiliario rural señalaron que el fallo representa un paso relevante, aunque advirtieron que persisten otros obstáculos que podrían demorar la llegada de inversiones extranjeras al sector agropecuario. El debate por el futuro del DNU 70/2023 queda ahora planteado tanto en el plano judicial como en el legislativo, en momentos en que la Corte Suprema también enfrenta cuestionamientos por otros fallos recientes.