Un fallo de primera instancia declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno nacional había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, y ordenó la aplicación inmediata de la norma.

El fallo invalidó específicamente la cláusula de la reglamentación que limitaba la vigencia de la ley a la asignación de partidas concretas, con fundamento en la Ley de Administración Financiera. Según trascendió, la Justicia también incluyó en la resolución una advertencia al Poder Ejecutivo respecto del cumplimiento de la medida.

Un conflicto que viene de 2025

La disputa por el financiamiento universitario se arrastra desde el año pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei vetó la ley aprobada por el Congreso y el Poder Legislativo insistió con su sanción. Desde entonces, el conflicto pasó a la órbita judicial, donde distintos fallos fueron resolviendo a favor del reclamo de las universidades públicas.

El Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA habían presentado amparos para forzar la aplicación plena de la norma, al considerar que la reglamentación oficial restringía indebidamente su alcance. Con este fallo, ambos reclamos fueron aceptados por la Justicia.

La respuesta del Gobierno

Tras conocerse la decisión judicial, desde el Ejecutivo se confirmó que apelarán el fallo. Las autoridades nacionales sostienen que es el Congreso el que debe determinar de dónde saldrá el dinero para afrontar un gasto que, según su posición, no estaba previsto en el Presupuesto.

Se supo que la Procuración del Tesoro trabaja en la estrategia judicial para intentar que el Ejecutivo no deba cumplir con la medida en los términos ordenados. En paralelo, en Casa Rosada se evalúan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma tal como fue dispuesta por la Justicia.

Qué sigue

Con la apelación anunciada, el conflicto entra en una nueva etapa judicial cuyo desenlace aún no está definido. Mientras tanto, la orden de aplicación inmediata de la ley queda sujeta a lo que resuelvan las instancias superiores ante las que el Gobierno llevará el caso.

El resultado de esa apelación determinará si la ley se aplica en los términos ordenados por el juez de primera instancia o si el Ejecutivo logra sostener su posición sobre la necesidad de que sea el Congreso el que defina el origen de los fondos.