El gobierno de las islas Malvinas anunció la extensión por cinco años de las licencias que permiten a distintas petroleras continuar con la exploración y explotación de hidrocarburos offshore en el archipiélago. La decisión, comunicada con respaldo del Reino Unido, se conoció en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, donde tenía previsto participar de la Asamblea General de la ONU y reivindicar la soberanía argentina sobre las islas.
La medida se da en un contexto de tensión creciente entre ambos países. Días antes, el Gobierno argentino había enviado al Congreso un proyecto de ley de Defensa que busca endurecer sanciones contra las compañías que operen en el archipiélago, en el marco de la disputa por la explotación del yacimiento Sea Lion.
La respuesta de la Cancillería
El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina presentó una nota formal de protesta ante la embajada británica en el país por la extensión de las licencias. Desde la Cancillería calificaron la decisión como un "acto ilícito" y sostuvieron que la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona "resultan violatorias de la soberanía" argentina sobre el territorio.
La presentación formal también incluyó un cuestionamiento a la participación de la empresa Navitas Petroleum en una de las licencias vigentes en el archipiélago. La protesta se formalizó en Nueva York, coincidiendo con la agenda de Milei en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se esperaba que el mandatario hiciera referencia al reclamo histórico argentino sobre las islas.
Antecedentes del conflicto
Las islas Malvinas están ocupadas por el Reino Unido desde 1833, un hecho que la Argentina reclama de manera sostenida ante distintos foros internacionales, incluida la ONU. La disputa por los recursos naturales del área, en particular los hidrocarburos offshore, se sumó en los últimos años a los planteos históricos por la soberanía territorial.
El proyecto de ley de Defensa impulsado por el Gobierno argentino, enviado al Congreso poco antes del anuncio británico, apunta a establecer un marco de sanciones más estricto para las compañías que decidan operar en el archipiélago sin autorización argentina. La extensión de las licencias por parte de la administración isleña se produjo apenas días después de conocido ese proyecto, lo que fue interpretado en el ámbito oficial como un desafío directo a la posición sostenida por Buenos Aires.
Qué sigue
Por el momento no se conoció una respuesta oficial del Reino Unido a la protesta formal argentina. La situación se mantiene abierta en momentos en que la Argentina busca reforzar su reclamo de soberanía en instancias multilaterales, mientras las petroleras beneficiadas por la extensión de licencias continuarán con sus actividades en el archipiélago durante los próximos cinco años.