El Gobierno nacional terminó de redactar el proyecto de ley vinculado a la cuestión Malvinas y lo envió al Congreso para su tratamiento. La iniciativa, bautizada oficialmente "Ley de defensa de la soberanía nacional", ingresó a la Cámara de Diputados con un extenso articulado dividido en varios títulos que abarcan sanciones económicas, seguridad, inteligencia e infraestructura.
Entre los puntos centrales, el proyecto refuerza las penas vigentes para quienes exploten recursos naturales en el entorno de las islas, con multas millonarias calculadas en base al valor del crudo extraído y condenas que podrían llegar hasta veinte años de prisión por explotación petrolera sin autorización argentina. Estas sanciones, que hasta ahora alcanzaban principalmente a la actividad petrolera, se extienden también a empresas pesqueras y a otros proveedores vinculados con actividades en la zona.
Cambios en seguridad y defensa
Más allá del capítulo de sanciones, la iniciativa introduce modificaciones de fondo en la arquitectura de seguridad del país. Se crea un Consejo de Seguridad Nacional y se amplía el concepto de Defensa Nacional, lo que habilitaría la adopción de medidas económicas frente a amenazas externas. También se prevé un endurecimiento del régimen de derribo de aeronaves y nuevas herramientas de protección aérea y marítima en el Atlántico Sur.
El texto incluye además disposiciones vinculadas a la protección de infraestructura crítica y a la actividad de inteligencia, con menciones a quienes