La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis que había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Jorge Franza, Ignacio Mahiques y Patricia Larroca, quienes también dejaron sin efecto el sobreseimiento del menor y apartaron a De Marinis de la causa, que continuará bajo el régimen vigente y será asignada a otro magistrado.

El caso había generado una fuerte disputa institucional desde fines de septiembre. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, instruyó al ministro de Justicia, Gabino Tapia, para que impulsara un jury de enjuiciamiento contra la jueza y apelara su resolución. Tapia calificó el fallo como "atacable por donde se lo mire" y presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño" y "desconocimiento inexcusable del derecho". Días después, la fiscal de Cámara pidió anular la decisión de De Marinis.

La respuesta de la jueza y el respaldo judicial

Ante las críticas, De Marinis defendió su resolución y aclaró que su alcance se limitaba a un caso puntual. "No podemos analizar el planteo de inconstitucionalidad en abstracto, sino que tenemos que anclarlo al caso concreto", sostuvo, y remarcó que "la ley sigue vigente y se está aplicando" respecto de otros adolescentes de 16 años involucrados en la misma causa. También cuestionó el pedido de juicio político de Macri, al que consideró un elemento que "debilita las instituciones democráticas".

La magistrada recibió respaldo de otros integrantes del Poder Judicial porteño: 91 jueces firmaron un comunicado en el que rechazaron el pedido de juicio político y advirtieron que recurrir a un jury por el contenido de una sentencia afecta la independencia judicial. La Federación Argentina de la Magistratura también expresó su respaldo y calificó la situación como un caso de "hostigamiento".

Un frente similar en la provincia de Buenos Aires

En paralelo, un conflicto de características similares se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza presentó en la Legislatura bonaerense un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, también vinculada a un fallo sobre el Régimen Penal Juvenil.

En ese contexto, la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, se diferenció del Gobierno porteño y de Jorge Macri al oponerse al pedido de jury contra ambas magistradas. Sostuvo que es la Justicia, a través de sus instancias de revisión, la que debe actuar frente a los fallos cuestionados, y no el camino del juicio político.

Qué sigue

Con la revocación del fallo, la causa del adolescente de 14 años continuará su curso bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil y será sorteado un nuevo magistrado para intervenir en el expediente, tras el apartamiento de De Marinis. La apelación fiscal contra el sobreseimiento había quedado previamente asignada al juez Ignacio Mahiques, quien finalmente integró el tribunal que resolvió la revocación.

Mientras tanto, el pedido de jury contra la jueza presentado por el Gobierno porteño ante el Consejo de la Magistratura sigue su propio trámite, independiente de la resolución judicial sobre el caso concreto. La víctima del intento de robo que dio origen a la causa había manifestado previamente su descontento con la decisión original de sobreseimiento.