El Gobierno nacional reglamentó la semana pasada el nuevo Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial. La reglamentación llegó dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que reemplaza el esquema vigente desde 1980 y establece nuevas reglas para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos. Entre los puntos centrales, la norma crea la figura del supervisor especializado encargado del seguimiento de los adolescentes, un comité interministerial y una mesa federal para coordinar la implementación del sistema en todo el país.

La suspensión en territorio bonaerense

Horas después de conocerse la reglamentación, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, resolvió suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires. La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, cuyo pedido fue impulsado por un cura villero. En su resolución, advirtió que los dispositivos bonaerenses de privación de la libertad no están en condiciones de recibir a una mayor cantidad de adolescentes y convocó a funcionarios del Ejecutivo provincial para que expliquen cómo se implementará la nueva ley.

En declaraciones posteriores, Pascual se definió como garantista y sostuvo que le parece "pésimo" que los menores estén encerrados, aunque aclaró que no está en desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Además, afirmó que "con esta ley no vamos a crear más seguridad" y remarcó que no romantiza a los adolescentes que portan armas. Según trascendió, la decisión judicial fue posteriormente objeto de una denuncia contra la magistrada.

Cruces entre Nación y Provincia

La medida judicial generó una fuerte reacción de funcionarios nacionales. La senadora Patricia Bullrich cuestionó al gobernador Axel Kicillof y sostuvo que se puso "del lado de los delincuentes". El jefe de Gabinete también apuntó contra la administración bonaerense y señaló que "aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil". Desde el oficialismo nacional se calificó además a la provincia como "tierra de nadie" y se reclamó mayor inversión en seguridad.

Desde la provincia, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió a los cuestionamientos y afirmó que bajar la edad de imputabilidad "no alcanza" si no se acompaña con recursos. Alonso reclamó los fondos que, según indicó, la Nación le niega a la provincia para aplicar la reforma, y pidió "respeto" y "menos chicana" en el debate. El cruce escaló con referencias a una polémica previa vinculada a una iniciativa del Ministerio de Salud de 2021, lo que derivó en un nuevo round de acusaciones cruzadas entre funcionarios de ambos gobiernos.

Qué sigue

Con la suspensión judicial vigente por 60 días, la aplicación del nuevo régimen queda en suspenso exclusivamente en territorio bonaerense, mientras continúa rigiendo en el resto del país. En ese lapso, se espera que las autoridades provinciales presenten información sobre la infraestructura disponible para alojar a los adolescentes alcanzados por la ley. La discusión, que combina cuestionamientos judiciales, técnicos y políticos, no muestra por ahora señales de resolución a corto plazo.