La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil dispuesta por la jueza Marta Pascual generó una fuerte reacción política en la provincia de Buenos Aires. La medida, que frena la vigencia de la normativa que baja la edad de imputabilidad de menores en todo el territorio bonaerense, fue cuestionada por referentes de La Libertad Avanza y del PRO, que impulsan distintas iniciativas para revertir sus efectos.

El diputado nacional Luis Petri sostuvo que es falso lo que afirma la magistrada respecto de la imposibilidad de aplicar el nuevo régimen. Según explicó, ya existen dispositivos separados para adolescentes en distintas provincias y la implementación de la norma no depende de una sola jurisdicción.

Pedidos de juicio político

En paralelo, el PRO bonaerense avanzó con un pedido de juicio político contra la jueza Pascual. El titular del partido en la provincia adelantó que, junto con La Libertad Avanza, impulsarán el proceso en la Legislatura bonaerense. A ese pedido se sumaron otras dos presentaciones, una del diputado provincial Manuel Passaglia y otra del abogado bonaerense Alfredo Drocchi, lo que eleva a tres el número de pedidos formales contra la magistrada.

El senador del PRO Guillermo Montenegro, otro de los impulsores del pedido, advirtió además sobre lo que consideró una maniobra vinculada al fallo. Según su versión, el kirchnerismo podría extender la suspensión más allá de los 60 días originales, algo que calificó como una trampa. En ese marco, señaló que el gobierno de Axel Kicillof debe informar a la jueza si cuenta con instalaciones suficientes para alojar a más jóvenes imputados por delitos de sangre.

Presión sobre el gobierno bonaerense

La oposición desplegó además una agenda de confrontación con el gobernador Kicillof en torno a la inseguridad en el conurbano, a partir de hechos delictivos recientes. En ese contexto, se presentó un pedido de interpelación al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, para que brinde explicaciones en la Legislatura sobre la suspensión del régimen. Sectores de La Libertad Avanza bonaerense reclamaron formalmente esa comparecencia.

La propia jueza Pascual convocó a las autoridades bonaerenses a una reunión prevista para el jueves 16, en el marco del proceso judicial abierto por la suspensión.

Una jueza aplicó la norma pese a la suspensión

En medio de esta disputa, trascendió que otra magistrada decidió desafiar la suspensión dispuesta por Pascual y aplicar la nueva ley en su distrito, pese a que la resolución original buscaba frenar la vigencia del régimen en todo el territorio bonaerense. La noticia generó versiones distintas sobre el alcance real de la suspensión y sobre si otros juzgados podrían adoptar decisiones similares, algo que hasta el momento no cuenta con confirmación oficial unificada.

El cruce entre distintos poderes y jurisdicciones anticipa que la discusión sobre la vigencia del nuevo régimen penal juvenil continuará en los próximos días, con la reunión convocada para el jueves como uno de los puntos centrales a seguir.