El nuevo Régimen Penal Juvenil, sancionado para reemplazar el esquema vigente desde 1980, comenzó a regir el sábado en todo el país. La norma fija cómo se juzgará a adolescentes de 14 a 17 años que cometan delitos y crea, entre otras figuras, un supervisor especializado, un comité interministerial y una mesa federal para coordinar su puesta en marcha.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la implementación quedó frenada apenas horas después de entrar en vigencia. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y suspendió por 60 días la aplicación de la ley en el territorio bonaerense. La magistrada sostuvo que los dispositivos de privación de la libertad de la provincia no están en condiciones de recibir a una mayor cantidad de adolescentes y convocó a funcionarios del Ejecutivo provincial para que expliquen cómo se planea implementar la nueva normativa.

La defensa de la jueza

Pascual defendió públicamente su decisión y aclaró que no se opone a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, sino al modelo de encierro que impone la ley. "Con esta ley no vamos a crear más seguridad", afirmó, y explicó que su resolución busca abrir una discusión de 60 días sobre cómo aplicar el régimen y con qué instituciones trabajar, por fuera de un esquema basado exclusivamente en la privación de la libertad. Según relató, la provincia no cuenta hoy con los establecimientos, los profesionales ni los dispositivos de seguimiento necesarios para sostener la nueva ley.

La suspensión, sin embargo, no rige de manera uniforme entre los operadores judiciales bonaerenses. Un fiscal de San Isidro, Andrés Zárate, anticipó que continuará aplicando el nuevo régimen pese al fallo, al considerar que la resolución de su colega carece de alcance general. Esta diferencia de criterios entre magistrados de la misma provincia abre un interrogante sobre la vigencia efectiva de la ley en el territorio bonaerense mientras se resuelve el planteo de fondo.

Pedido de juicio político y reacciones políticas

La Libertad Avanza anunció que impulsará el juicio político de la jueza Pascual. Sebastián Pareja, titular del espacio libertario en la provincia, calificó la decisión judicial como un "mamarracho" y un "exceso", y adelantó que además denunciarán a la magistrada por presunto prevaricato. También la acusó de actuar como "un peón del gobernador", en referencia a Axel Kicillof, a quien distintos referentes libertarios responsabilizaron por la suspensión. Pareja planteó, asimismo, que la provincia necesita una "intervención federal".

En la misma línea, el diputado bonaerense Manuel Passaglia adelantó que presentará una solicitud de jury ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia en las próximas horas, lo que se suma a otras denuncias que ya se habían acumulado contra la jueza.

Las críticas no se limitaron al oficialismo nacional. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó también a Kicillof tras el fallo y sostuvo que su gestión "siempre va a estar del mismo lado: el de la gente de bien". Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro también cuestionó la decisión de la jueza y habló de "garantismo bobo".

Diferencias entre provincias

Mientras en Buenos Aires la aplicación de la ley quedó en suspenso, en Mendoza el proceso de implementación avanza sin sobresaltos reportados, lo que marca un contraste entre distritos respecto de cómo se está poniendo en marcha la nueva legislación penal juvenil a nivel federal.

La jueza Pascual, por su parte, insistió en que su cuestionamiento no apunta a la baja de la edad de imputabilidad en sí, sino al modelo de encierro previsto por la norma, y remarcó que no está de acuerdo con ese punto específico de la ley. El planteo judicial quedará bajo análisis durante los próximos 60 días, mientras se define si continúa el pedido de juicio político y cómo se resuelve la disputa entre los distintos criterios judiciales dentro de la propia provincia.